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Suprema Corte avala el matrimonio gay en todo México

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Suprema Corte avala el matrimonio gay en todo México

México ha dado un paso de gigante en el reconocimiento del matrimonio homosexual. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una decisión histórica, ha respaldado estos enlaces y los ha equiparado plenamente a los heterosexuales.

La medida del alto tribunal, acogida con frialdad por las fuerzas políticas, pone fin a la dispersión legal en torno a esta cuestión y considera inconstitucional cualquier norma que establezca que la finalidad del matrimonio es la procreación o que lo defina como la unión entre un hombre y una mujer. Esta doctrina supone en la práctica su legalización y sitúa a México en la órbita de Argentina, Brasil o Uruguay.

En México cada estado regula el matrimonio a través de su propio código civil. Hasta la fecha, el enlace homosexual sólo está legalizado en Distrito Federal, Coahuila y Quintana Roo. El resto de territorios ofrece un poliédrico cuadro normativo que, al no reconocer plenos derechos a los gays, se ha convertido en una fuente de recursos de amparo.

La finalidad del matrimonio no es la procreación

El principal punto de conflicto radica en que las leyes estatales sostienen, en muchos casos, que la finalidad de la boda es la procreación. Un aspecto que niega la Suprema Corte. En su tesis jurisprudencial, que busca la unificación de doctrina ante los recursos de amparo, los magistrados recuerdan que el verdadero objetivo es “la protección de la familia como realidad social”. “Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión sea heterosexual, ni que se enuncie como entre un solo hombre y una sola mujer. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión […] pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”, indica el texto.

“De este modo, en todo el territorio queda avalado el matrimonio homosexual, aunque las normas estatales digan lo contrario“, explica a este periódico la directora de estudios de la Suprema Corte, Leticia Bonifaz. La decisión, sin embargo, no invalida las normas discriminatorias, dado que la vía pertinente para lograrlo no es el amparo, sino el recurso de inconstitucionalidad. Aún así, la doctrina emitida tendrá que ser obligado cumplimiento en los tribunales mexicanos.

Fuente: www.elpais.com

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